La CNMC aplaude el ejercicio conjunto entre abogados y procuradores pero advierte sobre incompatibilidades

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado positivamente las reformas propuestas por el Gobierno para unificar las vías de acceso a las profesiones de abogado y procurador pero recuerda que siguen existiendo importantes barreras en la competencia del ejercicio de ambas.

El organismo, a petición del Ministerio de Justicia, ha emitido un informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales en el que analiza las nuevas medidas que plantea el gobierno para reformar el acceso y ejercicio de ambas profesiones.

En la nueva propuesta se unifican las vías de acceso a las profesiones de abogado y procurador, se permite que una misma sociedad profesional preste servicios de abogacía y de procura, y se reduce el montante máximo de honorarios de un procurador por un mismo proceso a 75.000 euros; puntos todos ellos que la CNMC aplaude pero que, a la par, plantean dudas en cuanto a su compatibilidad con las exigencias de la Directiva Europea de Servicios y los principios de buena regulación vigentes en la actualidad.

En su informe, el organismo público advierte de que, pese a que existirá un único título profesional para ser abogado y procurador, se mantendrá la incompatibilidad de ejercicio de ambas profesiones, de modo que un abogado no podrá realizar funciones de procura o viceversa. El cambio de profesión, además, se verá lastrado por la exigencia de colegiaciones separadas para cada una, algo que restará "eficacia liberalizadora" a la reforma, según el citado escrito.

Consideran además que no queda justificado que los procuradores mantengan la exclusividad para las funciones de representación técnica y los actos de comunicación a los tribunales y que se debe evitar que se acabe imponiendo a los abogados las incompatibilidades profesionales existentes en la procura.

En la actualidad, los procuradores cobran por un sistema de aranceles bajo el que solo se les permite efectuar un descuento sobre el arancel regulado para cada supuesto. La propuesta prevé una futura reforma de este sistema para acercarlo a la libertad de precios que ha sido defendida por la CNMC, sin embargo consideran que no se aborda dicha reforma en profundidad y que solo concreta la reducción de la cuantía máxima que un procurador puede percibir por asunto.