Roldán quería que fuera la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su condición de responsable de administraciones territoriales, quien respondiera a su pregunta, pero el Ejecutivo ha decidido que le conteste el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.
"¿Cómo piensa el Gobierno cumplir con el punto número 2 del acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos a fin de reducir el gasto público en 1.000 millones de euros?", reza textualmente el interrogante que planteará Roldán.
El pacto firmado en agosto por el PP y Cs prevé "realizar una revisión integral e independiente del gasto público, siguiendo las mejores prácticas internacionales, para incrementar su eficiencia, identificar gasto superfluo y eliminar duplicidades administrativas".
Ciudadanos ya dejó claro hace unos meses, cuando se empezó a hablar de los Presupuestos Generales de 2017, que la puesta en marcha de esta revisión depende única y exclusivamente del Gobierno.
INGRESOS PARA FINANCIAR POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
La eliminación de duplicidades es una de las fuentes de ingresos contempladas en el acuerdo de investidura para financiar las partidas que PP y Cs se comprometieron a dedicar a políticas sociales y económicas. Concretamente, en 2017 se espera conseguir un ahorro de 1.000 millones de euros, que aumentaría a 2.000 millones para cada uno de los tres años siguientes.
Además de esos 1.000 millones, el pacto estimaba para este año unos ingresos de 3.000 millones gracias a la reforma del Impuesto de Sociedades y otros 1.000 millones de la recuperación del dinero de la amnistía fiscal de 2012 y de la lucha contra el fraude.
PRESTACIÓN EFICIENTE Y RACIONAL DE LOS SERVICIOS
La supresión de duplicidades administrativas y de organismos innecesarios se enmarca en un proceso de reforma de las Administraciones públicas, en particular, de las locales, según dice el acuerdo.
PP y Ciudadanos se comprometieron a promover reformas que garanticen "una prestación eficiente y racional de las competencias y servicios prestados por todos los niveles administrativos" a fin de generar ahorros que se destinarán, a medida que se vayan produciendo, a políticas sociales y medidas para la mejora de la competitividad.
Además, aseguran que ninguna de las actuaciones pondrá en riesgo los servicios públicos que prestan esas administraciones a los ciudadanos, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes.