En concreto, el ministro centra las reformas en la apuesta por una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en un mayor esfuerzo presupuestario, una distribución organizativa adecuada, un cambio cultural y una mejora de la eficiencia de los tiempos apostando por la transformación digital.
De este modo, cree conveniente que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemple la dirección de la investigación por parte del propio Ministerio Fiscal a la vez que se garantice la tutela de los derechos fundamentales por un juez.
Asimismo, ha concretado que estos cambios "acabarían con los juicios prolongados durante años que dañan la imagen de la Justicia" y, añadió, que "se debe dejar atrás el sistema inquisitivo para implantar el modelo acusatorio".
En cuanto a la dotación de recursos, Catalá indicó que el presupuesto que el Ministerio de Justicia destina para la creación de plazas de magistrados y la estabilidad laboral de sus trabajadores, se verá incrementado en un 7,7% en 2017, alcanzando los 1.700 millones de euros, con el fin de reforzar las plantillas.
También ve importante la distribución adecuada de las cargas de trabajo, de manera que se compense tanto las sobrecargas como la infrautilización de recursos.
Finalmente, hizo referencia a la necesidad de un cambio cultural, apostando por nuevas formas de abordar y resolver los conflictos, así como a la necesidad de completar la transformación tecnológica para mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio.