En declaraciones a los medios, el ministro Catalá ha considerado razonable que la Fiscalía y en su caso el juzgado competente analice los comentarios y ha indicado que "nadie está al margen del cumplimiento de la ley ni puede utilizar instrumentos de comunicación y difusión de la información para la ofensa y la comisión de delitos".
Catalá ha recordado que en la última reforma del Código Penal se fortalecieron los tipos delictivos y las penas para los delitos cometidos utilizando las redes sociales y en particular para delitos de odio y discriminación.