El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rechazado este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados que haya cuestionado derechos fundamentales por haber comentado que el Tribunal Supremo "equilibra derechos" en relación con la sentencia que avaló que compañías de una empresa en huelga puedan contratar con otras los trabajos que tenían suscritos con dicha empresa.
El titular de Justicia contestaba de esta forma a la diputada socialista Soraya Rodríguez, que le ha recordado que sus declaraciones obligaron al propio Supremo a sacar una nota aclaratoria sobre el contenido de su resolución y las ha vinculado a otras realizadas recientemente por Catalá cuestionando la labor de fiscales como las adscritas al 'caso Púnica'.
"Usted ya no tiene el crédito con el que le recibió el mundo judicial a su llegada, aliviado por la marcha de Gallardón", le ha espetado la diputada socialista, que le ha pedido que "cambie si puede" y le ha recriminado a continuación su asistencia al cumpleaños del empresario Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública. Sobre este asunto, Catalá se ha limitado a señalar posteriormente en los pasillos del Congreso que se trataba de un viaje de carácter "particular".
Sobre la pregunta realizada en el Pleno, Catalá ha insistido que por supuesto no es razonable cuestionar derechos fundamentales interpretando sentencias y que por ello él no lo ha hecho "nunca".
Así, ha insistido en que la sentencia de la Sala de lo Social del Supremo considera que el derecho de huelga "no es ilimitado" y él calificó de "interesante" dicha apreciación, una postura con la que han coincidido incluso algunos sindicatos.
"Nadie ha puesto en cuestión el derecho de huelga", ha señalado el ministro a la parlamentaria socialista, a la que ha recordado que si al PSOE le preocupan los derechos de los trabajadores podría haber estado presente cuando, por ejemplo, el PP reformó en solitario el artículo 315 del Código Penal que regula las coacciones al derecho de huelga y que cambió por multa las penas de prisión que se imponían antes por este tipo de conductas.
"El primer derecho de los trabajadores es el derecho al trabajo", ha recordado Catalá, que ha recriminado al PSOE que no lo garantice cuando gobierna.