Informativos Telecinco ha tenido acceso a su última andanada presentada en el Juzgado número tres de Palma de Mallorca. Son 144 folios de escrito de Defensa acompañado de varios centenares de correos electrónicos. Algunos son conocidos. Otros no tanto. El interés, según fuentes cercanas al ex socio del aún duque de Palma es tratar de demostrar que todo lo que sucedió en el Instituto Noos fue con pleno conocimiento de la Casa Real.
Para redundar en esa tesis, Diego Torres pide a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que cite a declarar en la vista oral de este caso a un total de 696. Entre ellos, se encuentra el Palacio de la Zarzuela al completo.
Testigos Reales
La actual reina Letizia es la única que se libra de aparecer en ese listado. Los demás, están todos. Torres quiere que declaren los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. También el actual Rey Felipe VI, su hermana, la infanta Elena y el que fuera su marido, Jaime de Marichalar. El ex socio de Urdangarín también pretende que testifiquen Juan Manuel Romero, conde de Fontao, asesor legal de Zarzuela y Carlos García Revenga, ex secretario personal de la infantas.
Torres insiste en que estas dos personas conocían cada movimiento que se ejecutaba en el Instituto Noos. Es más, asegura que sin el beneplácito de García Revenga, quien llegó a figurar como tesorero de esa sociedad sin ánimo de lucro, nadie movía un dedo.
El listado de testigos ni mucho menos se limita a la Casa Real. El tándem Francisco Camps-Rita Barberá también está propuesto junto a Esteban González Pons. En su día dieron el visto bueno a los negocios propuestos por Urdangarín. Traducido a euros, según el escrito de acusación del fiscal, sus firmas sirvieron para que Noos recibiera cerca de cuatro millones de euros por la realización de tres eventos y un trabajo de consultoría.
Torres pretende que declaren también todos los que de alguna u otra manera contrataron los servicios del Instituto Noos o estuvieron presentes en algunos de sus actos.
Ese es el caso de Corinna Sayn-Wittgenstein. La amiga más conocida del Rey Juan Carlos participó en el Valencia Summit de 2005 y trató sin éxito de contratar los servicios de Iñaki Urdangarín para la Fundación Laureus.
Otros que en algún momento tuvieron contacto con las fundaciones de Urdangarín fueron el ministro José Ignacio Wert y el ex titular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Torres quiere que declare Wert en su calidad de ex alto cargo del BBVA. Gallardón como ex alcalde de Madrid que contrató los servicios de FDCIS (Fundación Deporte, Cultura e Integración Social). El presidente de esa Fundación era el ex amigo íntimo de los duques de Palma Joaquín Boixareu, pero cuando las cosas se pusieron feas no tuvo recato en aclarar que el presidente real era Iñaki Urdangarín. Boixareu tan sólo era un hombre de paja. Así lo reconoció al juez José Castro. También que tenía poca explicación que el Ayuntamiento de Madrid les hubiera pagado a través de su Fundación Madrid 16 144.000 euros por un trabajo inexistente.
El listado continúa. Isidro Fainé, presidente de La Caixa; César Alierta, presidente de Telefónica; Rodrigo Rato, ex ministro, ex FMI, ex Caja Madrid, ex Bankia; o deportistas como Manel Estiarte, Edurne Pasabán o Samuel Eto´o. Son algunas de las personas que participaron en los congresos organizados por el Instituto Noos. Torres no quiere dejarse a nadie fuera. Por pedir, ha pedido que declare hasta William Gibbs, el saxofonista que amenizaba las veladas.
Nueva andanada de correos
Fuentes cercanas a Torres aseguran que el ex socio de Iñaki Urdangarín aún tiene en su poder miles de correos enviados o recibidos por Iñaki Urdangarín desde el servidor del Instituto Noos.
Para muestra, los más de 400 folios que acompañan su escrito de defensa con centenares de correos electrónicos. Algunos son conocidos: Urdangarín recaba en ellos con regularidad la opinión de García Revenga sobre aspectos formales del Instituto Noos. Lo cierto es que en ninguno se habla de dinero o facturas. Otros, no tanto.
Ya en 2002, antes de conocer a Torres, Urdangarín estudia la forma de contratar a través de su sociedad Namasté los servicios de una empleada doméstica. Su asesor le recomienda que la inscriba en el INEM como telefonista que demanda empleo. Con cierta sorna, el asesor legal del duque de Palma aclara que los contratos con extranjeros se miran con mucho recelo porque han tenido lugar demasiados fraudes.
Unos años más tarde, el cuñado del Rey perfecciona el engaño con su otra sociedad Aizoon. Sus empleados domésticos son dados de alta como auxiliares administrativos y numerosos familiares y amigos engrosan la lista de empleados ficticios.
El juez (mal) asesor
Ángel Aguallo Avilés, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, es el último damnificado en incorporarse a los correos de Torres. Un total de 27 mails ponen de manifiesto que durante 2008 Aguallo asesoró a Torres y Urdangarín en uno de sus contratos con la empresa francesa Pernod Ricard, dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas.
En su día, la sociedad gala explicó que el fichaje respondía “a su especial interés en las áreas relacionadas con la prevención del consumo inapropiado y abusivo de alcohol, con la información y la educación de los jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo excesivo y con el papel del deporte como medio de socialización para jóvenes con dificultades"
El “fichaje” del magistrado por parte de Urdangarín y Torres no tendría nada de particular, si no fuera porque a Aguallo, en aquel momento letrado del Tribunal Constitucional, le estaba y está completamente vetado compatibilizar su trabajo con asesoramientos de este tipo.
El asesoramiento no fue precisamente un éxito; esos 160.000 euros cobrados por Iñaki Urdangarín de Pernod fueron facturados a través de Aizoon y tributados exclusivamente por el Impuesto de Sociedades y no por el IRPF. Ese ingreso, junto a los procedentes de otras seis sociedades tan generosas como Pernod, es el que ha terminado por sentar a la Infanta Cristina en el Banquillo acusada de dos delitos fiscales.
También habría que añadir que resulta sorprendente que pese a que Diego Torres participó activamente en la operación de Pernod, él no cobró un euro por la operación. La acusación lo tiene claro; Torres y Urdangarín se estaban repartiendo el supuesto botín del Instituto Noos. El duque de Palma siempre creyó que su socio había tocado a más… fue el final de una lucrativa relación.
Zapatillas para todos
Los correos aportados por Torres muestran como Urdangarín se encontraba lejos de ocultar en Casa Real cuál era su cometido empresarial. Un consultor de éxito al que le llovían los contratos y gestionaba con soltura e incluso algún que otro regalo. Llamativo sin duda es el intercambio de correos entre Carlos Pastrana, director de Marketing de Reebok España y el duque de Palma.
Pastrana, en su papel, ofrece a Urdangarín un nuevo producto denominado “Española”, unas zapatillas con una chapita con la bandera de España. Sutilmente le ofrece la posibilidad de enviar algunos pares a la Zarzuela.
Más firme y menos sutil, Urdangarín acepta la invitación y remite al directivo de Reebok el número de zapato de los 13 miembros de la entonces Familia Real; reyes, hijos, yernos, nuera y nietos. Todos. Del 47 al 25…
Eran otros tiempos. Reinaba la armonía. Jaime de Marichalar era el marido de la Infanta Elena e Iñaki Urdangarín el yerno perfecto. El ex jugador de balonmano se movía con soltura en Zarzuela. Hasta el punto de que algunos de sus amigos no dudaban: él era el contacto. En un correo fechado en marzo de 2002 uno de esos amigos le pide un favor para su mujer:
“…Respecto al otro asunto que comentamos, te adjunto los datos de mi mujer. Se llama O.S.F y es funcionaria del Cuerpo Auxiliar en el Servicio de Recursos Humanos, Secretaria General, del Palacio Real. Lo ideal sería conseguir un contrato de periodista en el Gabinete de Prensa del Palacio”.
A partir de ahora, el juez Castro remitirá todos los escritos de defensa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Palma. Ellos serán los encargados de decir qué testigos se admiten y cuáles no, y lo más esperado: señalar la fecha de inicio del juicio, que en cálculos del presidente de esa Audiencia se prolongará durante tres o cuatro meses.