En opinión del Ejecutivo comunitario, las disposiciones nacionales hacen que sea "excesivamente difícil" comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación comunitario, lo que en la práctica tiene una "repercusión negativa en la efectividad" de las normas de la UE.
Bruselas cree que las disposiciones establecidas por el legislador español son "contrarias a los principios de equivalencia y/o efectividad", y apunta que contienen condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
El aviso de Bruselas al Gobierno de Mariano Rajoy tiene la forma de un a carta de emplazamiento, primer paso de un procedimiento de infracción que, en última instancia, y si no se solucionan las diferencias podría llevar el caso ante el TUE. España tiene ahora dos meses para remitir una respuesta detallada a la institución comunitaria.