En declaraciones a los medios tras participar este jueves en la apertura del 32 Congreso de Jueces por la Democracia (JpD), en Lleida, Barrientos ha dicho que "habiendo recurrido todos los acusados allí, la ejecución no es posible hasta que el TS no resuelva esos recursos de casación".
El presidente del TSJC ha resaltado que "la ley procesal impide cualquier medida de ejecución de las penas impuestas en esa sentencia no firme".
Ortega ha solicitado al TSJC que se ejecute su inhabilitación, sin esperar la confirmación del Supremo, al ser considerada cooperadora necesaria penalmente responsable de un delito de desobediencia por la organización de la consulta soberanista del 9N.
Ortega ha pedido la ejecución provisional de la sentencia que la inhabilita durante un año y nueve meses ya que, si el TS confirmara en el futuro la sentencia, al ejecutarse entonces "la condena real no se vería circunscrita a la inhabilitación efectiva a la que se encuentra sometida" desde la fecha en que se dictó condena.