La sentencia condenatoria al juez Baltasar Garzón podría acabar con el caso Gürtel. Después de que el Tribunal Supremo ordenara su inhabilitación durante 11 años por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron los cabecillas de la trama y sus abogados en prisión, el juicio podría anularse. Tal y como ha señalado el abogado que se querelló contra Garzón por estos hechos ha dejado abierta la puerta a pedir la nulidad del proceso ya que "los elementos probatorios se han declarado nulos". Por su parte, el magistrado ya ha anunciado que acudirá "a las vías legales que correspondan para combatir la sentencia".
El letrado que en 2009 presentó la querella contra el juez Baltasar Garzón por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados, Ignacio Peláez, ha dejado abierta la puerta a la nulidad del juicio.
Tal y como ha asegurado en una entrevista en Intereconomía, "los elementos probatorios obtenidos mediante las grabaciones son nulos". Por ello, ha comentado que tiene "la obligación de defender a su cliente y, si la ley le permite, pedir esta nulidad".
Así, de aprobarse esta nulidad el juicio contra los cabecillas de una de las tramas de corrupción más importantes quedaría en nada.
En ese sentido, el mismo abogado ha añadido que "si todo lo que ha costado este procedimiento se queda en nada, la culpa será del señor Garzón y no de los letrados que tenemos la obligación de defender a nuestros clientes".
El jueves, después de conocerse la sentencia del Supremo que condenaba al magistrado a 11 años de inhabilitación, Garzón prometió "combatir" legalmente el fallo.
"Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido", explicó el juez.
Por todo, Garzón aseguró que la sentencia del Alto Tribunal "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente a laminar la independencia de los jueces en España".