Al respecto, han recordado que la denominada Operación Lezo ha supuesto, entre otras actuaciones policiales, la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, así como la dimisión de la también expresidenta, Esperanza Aguirre.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, considera que "hay que seguir investigando, puesto que el posible entramado corrupto que se ha venido desarrollando en esta empresa pública supone, no sólo una enorme decepción para todos los madrileños, sino la probable constatación de otros tratos de favor en la gestión del Partido Popular de las administraciones".
Desde el Gobierno Municipal también se exige la celebración inmediata de la Junta General de Accionistas con el fin de que el Consejo de Administración informe sobre la situación financiera y jurídica actual de la empresa.
Hernández ha puesto el acento en que "las informaciones que llegan son muy preocupantes puesto que se habla incluso de organización criminal, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales".
"Es una vergüenza que dirigentes públicos hubieran podido participar a costa de un bien tan preciado como el agua, mientras miles de madrileños sufren pobreza energética", ha subrayado.
El Canal de Isabel II, cuenta a día de hoy con más de 2.500 empleados "que cumplen a la perfección con su responsabilidad y a quienes también se les ha faltado el respeto y puesto en duda su buen trabajo como consecuencia de este posible entramado criminal".
En el año 2012 se creó la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión, quedando el ente público Canal de Isabel II como regulador, pero "desde que se inició este proceso de privatización han sido numerosas y reiteradas las denuncias de irregularidades relativas a la gestión de la misma".