En sus calificaciones, el fiscal Juan Carrau mantiene las acusaciones principales y sostiene que los hechos constituyen un delito de estafa e insolvencia punible. Con todo, ha añadido una calificación subsidiaria en la que pide al Tribunal que si no se considera probada la estafa sí se aprecie el delito de insolvencia punible y se castigue con tres años de prisión y 81.000 euros de multa.