El tribunal ha acordado por unanimidad suscribir íntegramente el comunicado que el pasado 19 de octubre ya emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defendiendo la actuación de Lamela después de que enviara a prisión por sedición a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, e impusiera medidas cautelares al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero.
Como el CGPJ, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha afirmado que las decisiones adoptadas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en lo que respecta a la causa de rebelión, sedición y malversación contra los antiguos miembros del Gobierno catalán "responden exclusivamente a los motivos recogidos en las propias resoluciones".
"Ante la grave situación en que se está desarrollando el ejercicio de la función jurisdiccional, exigimos el máximo respeto a la independencia judicial de conformidad con la normativa internacional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que proclama la necesidad de la promoción de la confianza colectiva en la justicia, objetivo constitucional de primer orden y fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad", proclama el tribunal.
DOS MAGISTRADOS DE LA PROGRESISTA JJPD
La Sala de Gobierno está formada por siete magistrados: el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; tres miembros natos: los presidentes de las Salas de lo Penal, Concepción Espejel, de lo Contencioso, Eduardo Menéndez, y de lo Social, Ricardo Bodas; otros tres miembros electos: Ana Isabel Martín, Felisa Atienza y Fernando de Mateo; y la Secretaría de Gobierno que ejerce María Asunción Mosquera.
Dos de los magistrados de la Sala de Gobierno, Ricardo Bodas y Fernando de Mateo, forman parte de la asociación de corte progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
El tribunal resalta que "la independencia judicial es un instrumento esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela de los derechos y libertades fundamentales". "Sin jueces independientes, no hay Estado de Derecho", afirma.
Por eso, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional advierte de que "quien cuestiona insistentemente la independencia de los jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de la Constitución y del Estado de Derecho".