Contra dicho auto, dictado por los magistrados Matías Soria, Juan Ángel Pérez y José Francisco López, con fecha del 7 de diciembre, no cabe recurso alguno.
En los razonamientos jurídicos se recoge que en este momento procesal "no se prejuzga la existencia o no del delito, ya que ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni tampoco cabe el sobreseimiento cuando la acusación ni es arbitraria ni es ilógica ni absurda, ya que la existencia de indicio de la comisión del hecho y su valoración como delito en términos de probabilidad razonable impiden el sobreseimiento y justifica la continuación de la causa".
Según los magistrados, se trata de un hecho delictivo constitutivo de infracción penal, "indiciariamente de prevaricación administrativa", al anular una licencia que "no se podía conceder como consecuencia del nuevo planeamiento urbanístico que afectaba a la parcela que solo permitía equipamientos públicos en la Unidad de Actuación 5 de La Azohia".
Una anulación que se efectuó "para y en beneficio del Ayuntamiento y en perjuicio de la parte recurrida para obtener la indemnización correspondiente de la Administración por el cambio del uso del suelo sobrevenido con posterioridad a la concesión de la licencia de obras".