Los magistrados consideran que la presidenta del PP de Madrid incurrió en una desobediencia "tenaz, contumaz, rebelde, decidida y terminante" que estuvo representada por múltiples actos concretos.
Así viene contenido en el auto en el que los magistrados estiman de forma parcial el recurso presentado por la asociación Transparencia y Justicia, personada en la causa como acción popular, contra el auto en el que el juez Carlos Valle calificaba los hechos de falta leve.
En el mismo, califican los hechos como un posible delito de desobediencia. Consideran que los hechos deben ser instruidos en "el marco de las diligencias previas del procedimiento abreviado por revestir provisionalmente los indicados hechos caracteres de un posible delito de desobediencia a los agentes de la autoridad" del artículo 556 del Código Penal.
Los magistrados añaden que la desobediencia vendría acompañada "incluso de expresiones de menosprecio hacía los citados agentes en el ejercicio de sus funciones, por lo que los hechos revisten provisionalmente caracteres de un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal".
Este artículo establece que "los que, sin estar comprendido en el artículo 550, resistieren a la autoridad o a sus agentes, o la desobedecieran gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año".
El precepto 550 señala que "son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
De este modo, la causa volverá al Juzgado para que se tramiten las diligencias. El juez tendrá previsiblemente que llamar a Aguirre a declarar, así como a los testigos del incidente, según han indicado fuentes jurídicas.
El altercado de tráfico llegó a los tribunales madrileños después de que la Policía Municipal remitiera el atestado policial sobre lo sucedido. Ese día, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se marchó con su coche tras supuestamente arrollar la moto de un agente que la había multado por aparcar en un carril bus de Gran Vía.
En el recurso, Transparencia y Justicia señalaba que "por los mismos hechos cualquier otro ciudadano normal hubiese acabado en el calabozo de una comisaría, con los grilletes en las muñecas, para ser inmediatamente citado de comparecencia para la celebración de juicio rápido".
La presidenta del PP de Madrid no ha tardado en aclarar en Twitter que el auto "no dice, ni mucho menos, que el incidente del coche sea delito".