La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de dos años de cárcel y tres de inhabilitación especial para ejercer cargo público por un delito de integración en organización terrorista.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, ambos procesados --con responsabilidad en las ramas que estas organizaciones tenían en Navarra y Álava-- se encontraban hasta ahora en rebeldía y las órdenes de detención europeas dictadas contra ambos no habían tenido efecto. Finalmente se entregaron a la justicia española y por ello ahora son juzgados en la Audiencia Nacional.
En enero de 2007, el Supremo corrigió a la Audiencia Nacional --que en junio de 2005 consideró a las organizaciones juveniles eran asociaciones ilícitas no terroristas-- y elevó desde los dos años y medio de cárcel hasta los seis años las penas para 23 de los integrantes de Jarrai-Haika-Segi.
En el caso de Villanueva y Moreno la petición del Ministerio Público tiene en cuenta que han colaborado por su "libre voluntad de comparecer" ante la Audiencia Nacional, donde han asumido "las responsabilidades pendientes" facilitando "una vista oral que de otra forma jamás hubiera tenido lugar".