El tribunal formado por su presidente y ponente, Diego Gómez-Reino, y los magistrados Mónica de la Serna y Juan Jiménez, resolverán por segunda vez si sobreseen la imputación de la Infanta, después de que en abril de 2013 dejase sin efecto su encausamiento por los mismos delitos en que habría incurrido su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos.
Fue precisamente hace casi tres años cuando el nombre de la Infanta apareció en el foco de las investigaciones, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon -mercantil de la que la Duquesa es copropietaria junto a Urdangarin- como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte de Nóos de las Administraciones públicas.
El hecho de que la hermana del Rey figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.
Más en concreto, la vinculación de la Infanta en relación a unas compras de carácter particular cargadas a Aizoon y a una carta de pago que reflejaba un préstamo de 400.000 euros que la Infanta y su marido hicieron en favor de Torres como ayuda en la compra de una vivienda en Sant Cugàs del Vallés, llevaron al sindicato Manos Limpias, el 15 de febrero de 2012, a solicitar por primera vez la imputación de la Duquesa.
La acusación popular consideraba, en base a los datos reunidos hasta entonces, que la Infanta pudo ser beneficiaria directa del incremento patrimonial supuestamente fraudulento de su esposo a raíz de los ingresos obtenidos de Baleares y la Comunidad Valenciana -unos 5,9 millones de euros- y, por tanto, encubridora, cómplice o cooperadora necesaria de la actuación irregular del Duque, quien ya había sido imputado mes y medio antes por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
No obstante, el 5 de marzo el juez José Castro rechazó imputarla, alegando, al igual que había argumentado la Fiscalía, que hasta entonces no había aparecido ninguna prueba contra ella que la vinculase con las actividades de Nóos o de que las conociera. El sindicato recurrió la decisión ante la Audiencia, que confirmó la resolución del magistrado.
Esto no impidió que los interrogatorios por parte de Castro continuasen su curso con el objetivo de profundizar en torno a la gestión de la sociedad de los Duques y, entre éstos, los de varios testigos que aseguraron que Urdangarin les ofreció, en presencia de su mujer, ser contratados por la empresa "de los señores" pese a realizar en realidad tareas domésticas en el domicilio particular del matrimonio.
De hecho, en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 3 en enero de 2013, la Agencia Tributaria acusaba a Urdangarin de haber interpuesto a Aizoon para facturar servicios de carácter personalísimo que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF y beneficiarse a su vez de un tipo inferior en el impuesto de sociedades. Según Hacienda, durante 2007 y 2008 el Duque habría defraudado al fisco hasta un total de 337.138 euros al utilizar a Aizoon como 'pantalla'.