En un comunicado conjunto, han recordado que los jueces están sometidos al imperio de la Ley: "Nos hemos comprometido no sólo a cumplir, sino a hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, administrando recta e imparcial justicia".
Han insistido en que estas dos propuestas de ley están fuera del marco constitucional, y han dicho que, en caso de aprobarse estas dos propuestas --lo que han calificado de "desgraciada e indudablemente previsible"--, éstas serán impugnadas de forma inmediata por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC).
"Nuestra obligación como jueces y magistrados será no aplicar ninguna de esas normas, así como ninguna disposición o resolución administrativa que derive de ellas", han expresado, y han observado que la situación les obligará a actuar con serenidad y prudencia.
Asimismo, han alertado que ven con preocupación la deriva del bloque soberanista que ha declarado su intención de "subvertir el orden constitucional en Cataluña arguyendo una falsa legitimación democrática".