La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han suscrito un comunicado conjunto en el que trasladan su apoyo a los jueces y magistrados ante "los ataques y descalificaciones procedentes de determinados sectores" de la sociedad.
En este sentido, han subrayado que las decisiones de jueces y magistrados en España se basan en criterios de legalidad y no están influidas por intereses políticos. "España se define como un Estado social y democrático de derecho, en el que todos, ciudadanos y poderes públicos, estamos sometidos a la Constitución y a la ley, y en el que el ejercicio de la función jurisdiccional corresponde en exclusiva a Jueces y Tribunales independientes, responsables y sujetos únicamente a aquella", recuerdan en el comunicado.
En la misma línea, han rechazado que se pueda hablar de "presos políticos" o "directrices políticas" en España porque hacerlo "es desconocer el Tratado Fundacional de la Unión Europea, nuestra Constitución y la esencia de la función judicial". "Es desconocer de manera interesada algo evidente", han enfatizado.
Asimismo, las asociaciones de jueces han incidido en que su labor profesional es la de interpretar y aplicar las leyes aprobadas por las Cortes Generales, Asambleas de las Comunidades y Organismos europeos competentes "actuando conforme a criterios de legalidad".
"Los jueces no hacemos las leyes", han subrayado las asociaciones, que han recalcado que sus decisiones responden a criterios de legalidad y "no de oportunidad o conveniencia política, y menos aún al dictado de otros poderes o intereses".
Así, han trasladado su respaldo a las medidas cauterales de prisión adoptada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para los ex miembros del Govern catalán. "Podemos adoptar las medidas cautelares previstas en la ley que se consideren pertinentes, siempre que concurran los presupuestos y requisitos legalmente exigidos", han enfatizado.
En cualquier caso, han recordado que "precisamente" por ser España un Estado de derecho estas medidas, "además de susceptibles de crítica", pueden ser impugnadas y revisadas por un órgano superior para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el de defensa.
Por todo ello, las tres asociaciones han reiterado su apoyo y reconocimiento "a la labor de todos los compañeros que día a día garantizan el respeto a la ley y a los derechos y libertades de los ciudadanos".