La asociación expone en un comunicado que es "desmoralizante" tener que volver a exigir respeto a quienes "aprueban las leyes y desempeñan puestos de responsabilidad política" al tiempo que "echan en falta" una muestra de apoyo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al que le achacan su "clamorosa pasividad y silencio" en este asunto.
En concreto denuncian que se han producido ataques hacia los magistrados del caso no desde la opinión pública sino "desde el Poder Ejecutivo y desde algunos miembros del Poder Legislativo" y dicen que no comprenden que los que deben velar por el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho siembran dudas sobre las actuaciones judiciales.
Al respecto consideran que la juez y los magistados de Granada que han llevado el caso contribuyen a la protección de derechos y garantías con sus "fundadas resoluciones acordes a la legalidad". El colectivo se refiere así al auto de la Audiencia de Granada en el que obligaban a esta mujer, natural de Macarena (Granada), a entregar sus dos hijos al padre, que reside en Italia.
DESESTIMA EL RECURSO DE JUANA
La Audiencia ratificó en su auto lo sentenciado por el Juzgado de Familia 3 de Granada el 14 de diciembre de 2016 y desestimó el recurso presentado por Juana para evitar entregar a sus hijos, de once y tres años. Ella misma ha denunciado este lunes por carta que los pequeños están en peligro "por errores judiciales" y aunque ha reconocido que está "huida" no siente que esté haciendo "nada fuera de la ley".
"Nosotros no aprobamos las Leyes ni ratificamos los tratados, pero, una vez que las normas forman parte del ordenamiento, es nuestro deber hacerlas cumplir de acuerdo a su tenor y conforme a interpretaciones jurídicas acordes a un estado democrático", responde la Asociación Francisco de Vitoria que precisa en el actual sistema judicial existen garantías para combatir las resoluciones que se entiendan "incorrectas".