La APM dice que no "pinta bien" para los Mossos que desobedecieron y JJpD cuestiona que cometieron delito

EUROPA PRESS 02/10/2017 15:12

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, ha recordado en declaraciones a Europa Press que cualquier cuerpo policial se convierte en policía judicial cuando recibe el mandato de un juez, y que los Mossos tenían ayer la orden de impedir la celebración del referéndum con el cierre de colegios electorales, por lo que deberían haberla cumplido.

Aunque Rodríguez ha dicho que quiere ser muy respetuoso con el trabajo de los jueces catalanes que ya han abierto diligencias por esto, también ha reconocido, ante la pregunta de si se les podría imputar delito de desobediencia, que "no pinta demasiado bien" para los agentes que incumplieron la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

VARIAS FIGURAS DIGNAS DE INVESTIGACIÓN

Además, el portavoz de la asociación conservadora de jueces ha mencionado que algunos mossos podrían haber cometido delito de resistencia por los enfrentamientos que protagonizaron con Policía Nacional y la Guardia Civil.

"Hay varias figuras de delito que al menos son dignas de investigación", ha resaltado Rodríguez, quien considera que las seis causas abiertas en Cataluña por la actuación de los Mossos deberían acumularse en un mismo juzgado --concretamente en el primero que abrió diligencias-- para ser investigadas en una misma pieza.

En términos similares se ha pronunciado el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, quien ha manifestado que, "como siempre", confían en las decisiones de los jueces, que son los que pueden determinar si los agentes han cometido o no delito con su actuación.

En cualquier caso ha rechazado hacer una valoración política de la acción de los Mossos durante el 1-O y ha insistido en que si se ha puesto en peligro o no el Estado de Derecho es una investigación que compete a los jueces catalanes "que van a cumplir con su obligación pese a la difícil situación en la que se encuentran", ha dicho.

Así, ha insistido en la necesidad de que las instituciones protejan al Poder Judicial "en todos los sentidos" porque en el momento en que se impidiera la actuación de los jueces ello implicaría una vulneración "flagrante" del Estado de Derecho.

DESOBEDIENCIA POR "POSTURA PASIVA"

La presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, también ha recordado que los Mossos tenían "un mandato judicial" y que estaban obligados a cumplirlo, por lo que ella sí cree que en su actuación del 1 de octubre "hay una desobediencia" puesto que tuvieron una "postura pasiva".

No obstante, ha dicho que todo va a depender de la interpretación de los jueces catalanes que ya han incoado diligencias y de si se pueden acreditar los hechos durante la investigación de la actitud de los agentes autonómicos.

A diferencia de la APM, el Foro Judicial Independiente no cree que se deban acumular las causas en un mismo juzgado, ya que hay "independencia judicial" y son diligencias abiertas en lugares diferentes contra diferentes personas, pues en cada población actuaron unos agentes concretos.

SÓLO RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Por su parte, Jueces para la Democracia (JJpD) es la única que tiene un punto de vista diferente, ya que considera "complicado" que la actuación de los Mossos d'Esquadra pudiera conllevar la comisión de un delito de desobediencia y recuerda que el cuerpo tenía la obligación de cumplir con la orden de la juez del TSJC Mercedes Armas, pero teniendo en cuenta que había que mantener la seguridad ciudadana.

El portavoz de la asociación, Ignacio González Vega, ha precisado a Europa Press que no cree que existan responsabilidades más allá de las políticas que se pueden atribuir a los dirigentes catalanes y que a él le consta que los agentes han cumplido el mandato judicial dado a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional de impedir este domingo el uso de colegios y locales públicos para la celebración del referéndum.

En cualquier caso, descarta que con su actuación los agentes de la policía autonómica hayan hecho peligrar el Estado de Derecho porque entiende que sí cerraron algunos colegios y retiraron urnas para evitar la votación ilegal.