"Esto ha sido más de Torrente o de Mortadelo y Filemón por lo chapucera --en alusión a la investigación--", ha aseverado el letrado José Miguel Serrano, quien tampoco ha desaprovechado su turno para cargar contra el que fuera el primer instructor de la causa, Santiago Torres, y el guardia civil que se encargó de las pesquisas.
A los tres les ha hecho responsables de "los errores" y "defectos" de la causa, ya "insubsanables". También ha reprochado el papel de las acusaciones por sus "graves" afirmaciones contra su patrocinado. "Nos gustaría unas disculpas, pero no lo harán", ha dicho. En su informe, el abogado del PSOE retiró 9 delitos de los que acusaba a Fernández de Castro.
Serrano ha reclamado la libre absolución de Fernández Castro, quien afronta una petición fiscal de pena de once años y medio de cárcel Se le imputan once delitos, de los que nueve son por prevaricación. Su patrocinado era el superior de Victoriano Ceballos, considerado el líder de la trama corrupta.
El letrado ha insistido en varios puntos de su informe que Fernández Castro "nunca hizo ningún informe" de Evaluación Ambiental, ya que su tarea era coordinar el trabajo de sus subordinados: tres técnicos, entre ellos Ceballos, y la asesora jurídica, Carmen Ibáñez --otra de las acusadas en el juicio--.
UN BEBÉ CON "MALFORMACIONES"
Su exposición ha estado plagada de comparaciones. Así, ha hablado que la causa estuvo desde el inicio viciada, como "un bebé con malformaciones". "Se ha intentado hacer una sopa con agua y sin hueso de jamón", ha dicho.
También ha comparado a su cliente con Abraracúrcix, el jefe de la aldea de Asterix y Obelix. "Era el Abraracúrcix del departamento de Evaluación Ambiental ni sabía que había pócima ni conocía cómo se hacía", ha asegurado el letrado.
El resto de los abogados que han tomado la palabra han solicitado la libre absolución de sus clientes al no existir prueba de cargo para desvirtuar su presunción de inocencia.
Está previsto que mañana el juicio quede visto para sentencia tras casi cuatro meses de sesiones. Se prevé que varios de los acusados hagan uso de su derecho para defender, una vez más, su inocencia ante los magistrados del tribunal que juzga los hechos desde el pasado 10 de enero.