El Ayuntamiento ha explicado en una nota que la resolución judicial señala que, a falta de regulación legal sobre la posibilidad de personarse en fase de ejecución de sentencia, debe interpretarse ésta en sentido favorable al ejercicio de los derechos constitucionales de defensa y tutela judicial efectiva.
El auto indica, previa transcripción del fallo de las sentencias tanto de instancia, como de la Audiencia Provincial, que al imponerse la obligación de demolición al Ayuntamiento, debe ir acompañada de la posibilidad de que éste se pronuncie en torno a aspectos concretos de la obligación, que ha de cumplir estrictamente como consecuencia del mandato judicial.
La decisión viene a dar la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz, que "siempre ha defendido su derecho a personarse en esta fase del proceso judicial en marcha", según señala en su nota.
Con independencia de esta resolución judicial, que no pudo ser analizada por la Junta de Gobierno municipal en su sesión de hoy, este órgano vio una propuesta de los servicios jurídicos del Ayuntamiento por la que se dará cuenta al juzgado competente sobre el estado actual de la tramitación del expediente para el derribo del edificio de aparcamientos, tal y como viene haciendo periódicamente.