Durante la lectura de informes en la última sesión del juicio en la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el abogado Antonio Alberca ha asegurado que la resolución del TC para suspender cautelarmente la consulta era absolutamente clara y con lenguaje sencillo: "No hay lugar a ninguna confusión" respecto al alcance de su resolución.
La acusación --del Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía, la Asociación Arca Ibérica y un particular-- ha explicado que Mas, Ortega y Rigau, dentro de sus competencias, "podían haberlo evitado dando las órdenes oportunas y no quisieron".
A su entender, "quedaron ocultos detrás de una supuesta organización de voluntarios" pero en realidad habían tomado resoluciones, o dejado de tomarlas, para que todo funcionara y estuviera a punto el 9N.
Alberca ha citado el recurso presentado por la Generalitat tras saber la resolución del TC en la que precisamente aceptaba que la consulta no se podría celebrar si no había respuesta del Constitucional: "Los servicios jurídicos expresamente son conscientes de que no se puede ignorar el veto del TC".
"Los acusados sabían que su conducta era antijurídica", según Alberca, que ha enumerado las pruebas que a su entender se han recopilado en el juicio para probar que los acusados realizaron acciones para que se celebrase la consulta pese a la suspensión.
Entre ellos, ha explicado que la Generalitat era el interlocutor y quien pagaba a todos los proveedores y contratistas que proporcionaron todo el material necesario para hacer la consulta: ordenadores, programas informáticos, urnas y papeletas, entre otros: "Ellos habían puesto la maquinaria en marcha" y no hay indicios de que la pararan, ha dicho.
Ha enumerado como pruebas que se distribuyeron las urnas tras el veto; se dispuso del centro de prensa; se formó a los voluntarios; nadie dijo a los directores que se debía parar la consulta y, en cambio, "se les dio todas las facilidades para que todo continuara".
Por todo eso, la acusación pide para los tres acusados diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.