Por eso han presentado un recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral del TSJC por la causa de la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014, recogido por Europa Press, para pedir que se incluya malversación, el único delito que puede suponer que se contemplen para los encausados penas de cárcel.
En el escrito de las acusaciones constituidas por el Sindicato Profesional de Policía, Unión Federal de Policía, Asociación Arca Ibérica, Alberto Delgado y el Sindicato Manos Limpias, difieren de la opinión del TSJC que desechaba el delito de malversación porque los pagos por el 9N se concertaron antes de la prohibición del Tribunal Constitucional y eran exigibles por terceros.
Según la acusación, que recuerda que se gastaron 4,7 millones en la consulta, para no incurrir en una malversación "la conducta no reprochable hubiera sido el suspender dichos contratos, sin perjuicio de aplicar las cláusulas indemnizatorias a terceros que ya preveían los contratos".
Se detalla en dicho recurso que los trabajos facturados por diversas empresas fueron ejecutados con posterioridad a la suspensión de la consulta por el Tribunal Constitucional y que los acusados pudieron rescindir los contratos alegando circunstancias sobrevenidas y no lo hicieron.
También consideran que la cesión de 2.000 ordenadores para realizar la votación es "una verdadera malversación" porque fueron destinados a fines distintos para los que habían sido adquiridos.