En su escrito de acusación presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el sindicato, de acuerdo con el resto de acusaciones populares, ha pedido abrir juicio contra los tres por desobediencia grave, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos --éste último es el que implicaría una pena de prisión--.
A diferencia de la Fiscalía que no aprecia malversación --por eso se limitó a pedir la inhabilitación de los tres por diez años por desobediencia y prevaricación--, la acusación sí que contempla este supuesto delito por haber usado "cuantiosos fondos públicos que facilitaron la indispensable infraestructura informática y logística".