El abogado que representa a Bankia personada como acusación, ha abierto este lunes el juicio de las tarjetas 'black' tras más de una hora de retraso para el arranque de la vista en la que se sientan en el banquillo de los acusados los 65 exaltos cargos que dispusieron de estas tarjetas opacas al fisco.
La representación procesal de los acusados expondrá previsiblemente entre hoy y mañana ante los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se trató de una práctica asentada y heredada del expresidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996 y predecesor de Blesa, Jaime Terceiro, a quien señalan como responsable de ponerlas en marcha.
El juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando (Madrid), ha arrancado este lunes con una hora de retraso y, según el calendario establecido, tratará en la jornada de hoy y mañana las cuestiones previas. En estos dos días las defensas y acusaciones pueden plantear al tribunal la suspensión del juicio oral o la nulidad de las actuaciones por una vulneración de los derechos fundamentales.
La vista oral ha comenzado poco después de las once de la mañana aunque los primeros tres cuartos de hora se han destinado a la lectura pública del contenido de los escritos de acusación contra los encausados, realizada por la secretaria de la Sección Cuarta.
Los acusados están sentados según el orden establecido por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito provisional de acusación. Así, en la segunda fila están sentandos Blesa, Rato, que está provisto de un cuaderno donde va tomando notas de la sesión, y uno de los exconsejeros de la caja, José Antonio Moral Santín, entre otros acusados. La primera bancada está ocupada por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que es el único de los acusados que se encuentra en prisión por el caso Marsans.
El tribunal ha sufrido un cambio de última hora después de que la magistrada Carmen Paloma González haya tenido que ser sustituida por otro miembro de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, Juan Francisco Martel, a consecuencia de un problema personal.
Está previsto que los magistrados encargados de dirimir si los beneficiarios de los plásticos incurrieron en delitos de apropiación indebida, como apunta el Ministerio Público, tomen declaración a los acusados a partir de este viernes 30 de septiembre en una serie de jornadas que finalizan el siete de octubre. Tras el turno de testigos y expertos periciales, se pretende que el juicio quede listo para sentencia el 23 de diciembre.
ABUCHEOS DE PREFERENTISTAS
Los primeros en llegar a la sede del tribunal en San Fernando de Henares han sido el que fuera secretario general de UGT Madrid y consejero de la entidad nacionalizada, José Ricardo Martínez, y uno de los altos cargos de la caja y*mano derecha*de su expresidente Miguel*Blesa, Matías Amat, que han entrado al recinto pasadas las 8.35 de la mañana.
Sin embargo ha sido la llegada de Blesa --pasadas las nueve de la mañana-- la que ha suscitado mayor expectación. Una decena de manifestantes preferentistas ha intentado increpar al exalto cargo, que ha llegado acompañado de su abogado, si bien los agentes de la Policía Nacional lo han impedido. Rato ha entrado posteriormente y su llegada ha pasado más desapercibida puesto que ha accedido al edificio al mismo tiempo que otros acusados.
La vista comienza*tras más de dos años de investigación que llevaron al juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a concluir la existencia de indicios de que los altos cargos --entre ellos representantes políticos y sindicales-- de las entidades se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 en gastos personales como joyas, viajes, comida y ocio.
No obstante, solo se juzgará la etapa posterior a 2003 -durante la cual los procesados gastaron 12 millones de euros con las tarjetas- debido a que el resto de la responsabilidad por los gastos ha prescrito y no puede ser juzgada. El juez instructor concluyó que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno", que su uso "no tenía como finalidad gastos de representación" y que, consecuentemente, el dinero debía considerarse como una retribución "irregular".