"Está validando el requisito de violencia, que no concurre de ninguna forma, y eso quiere decir que, aunque algunos han salido de forma provisional en libertad, el proceso que viene de aquí a dos años o dos y medio hará que se enfrenten a penas brutales" de cárcel, ha lamentado en una entrevista de TV3.
Alonso-Cuevillas, que también defiende a Lluís Puig y Clara Ponsatí, ha tachado de gravísima la valoración de Llarena porque atribuye a los procesados una estrategia de manipulación social: "Dos millones de catalanes abducidos por unas personas que dice que son las que deciden lo que debemos pensar", ha criticado.
Ha reconocido que el sistema jurídico español es más garantista que el belga, pero ha asegurado que en "la práctica estas leyes tan garantistas no se cumplen", y ha puesto como ejemplo que los exmiembros del Govern fueron citados con poco margen y que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, prestó poca atención a los acusados y estaba pendiente de su móvil, ha afirmado.
Asimismo, ha loado el "hermetismo absoluto" de la justicia belga, ya que no se ha publicado el nombre del magistrado que decide sobre la euroorden que afecta a Puigdemont y a los cuatro exconsellers huidos, y porque la policía los llevó este lunes al Tribunal de primera instancia de Bruselas en coche para evitar las cámaras.
El letrado, que asistió a la vista con el juez que debe decidir sobre la entrega a España de Puigdemont y de los cuatro exconsellers, ha relatado que el candidato de JuntsxCat no podrá viajar a Cataluña mientras dure la tramitación de la euroorden --por tanto durante la campaña electoral catalana-- porque "está sujeto a las autoridades belgas" y no puede salir del país.
Según ha explicado, si el juez decide extraditarlo a España sólo podrá ser juzgado por los presuntos delitos que estime el magistrado belga al regir "el principio de especialidad" en este tipo de procesos.