El abogado del expresidente de la Generalitat Artur Mas, Xavier Melero, ha defendido este viernes que su cliente no paralizó las actuaciones para la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 ante la falta de concreción de la resolución del Tribunal Constitucional, y también ha alegado que no hubo un requerimiento expreso.
En su lectura de las conclusiones por el juicio del 9N, Melero ha considerado que Mas se encontró con un conflicto situacional de elegir ante dos opciones: ante paralizar la participación popular donde había muchas personas, recursos y un mandato parlamentario, y "ante una orden difusa y de alcance no concreto".
Con esta disyuntiva, Mas no dudó de cómo actuar, porque "no es un caso de 'in dubio pro reo' --ante la duda hay que actuar en favor del condenado-- sino 'in dubio pro libertate' --ante la duda prima la garantía de un derecho fundamental--".
El abogado ha cuestionado el hecho de que se pidiera a Mas que actuara cuando no lo hicieron ni el TC ni jueces o fiscales de guardia: "¿Paro yo lo que no paran ni jueces ni fiscales?".
"La proyección de este conflicto político se va desplazando de responsable a responsable", ha proseguido Melero, que se ha preguntado, a su vez, por qué el único que debe hacer algo para interrumpir es la Generalitat cuando ni el TC ni el Gobierno hacen nada.
Ha recordado que, tras la resolución del TC del 4 de noviembre que instaba a adoptar medidas cautelares para suspender todos los actos de la consulta, Mas consultó a expertos jurídicos y creyó que la resolución "no imponía una actuación positiva de impedir y si se equivocó lo hizo de la mano de mucha gente".
Sí ha puntualizado que Mas "inhibió la intervención de los funcionarios públicos en el proceso", y solo participaron los que quisieron hacerlo como voluntarios y pidieron un día de asuntos propios".
"Eso le generó problemas y por eso quizás ahora no es presidente de la Generalitat. Pero consideró que lo más prudente era evitar comprometer la seguridad jurídica de los funcionarios de la Generalitat", ha añadido.
Ha citado numerosa jurisprudencia para asegurar que para considerar que existe un delito de desobediencia es necesario que haya un mandato expreso y un destinatario preciso, algo que a ojos del letrado no existió en este caso, y tampoco se ha probado un "comportamiento contumaz y reiteración".
IMPULSO POLÍTICO DE LA CONSULTA
Respecto a las pruebas citadas por el fiscal Emilio Sánchez Ulled para demostrar que la Generalitat siguió detrás de la organización del proceso tras el veto del TC, el abogado de Mas ha indicado que la mayoría de prueba de carga del fiscal no es negada y que nunca ha negado "la participación e impulso político del Gobierno".
"Quiero que quede muy claro que el señor Mas no se ha escondido nunca detrás de una multitud de voluntarios", ha argumentado.
Para apoyar sus argumentos, ha citado la decisión de la junta de fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya --que consideró que no había delito en el 9N-- y las declaraciones del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y del ministro Rafael Catalá, minimizando la consulta y asegurando que no iba a tener efectos.
"Tenemos un gobierno que, ante el conflicto que representa la consulta ha querido negar y guardar la ropa; o, más bien, guardar la ropa y negar de vez en cuando. Pero ha dejado huellas de esta intención", ha dicho.
Por eso, ha aludido al abogado del Estado --"el héroe anónimo"--, que es quien presenta una impugnación de disposiciones autonómicas ante el Constitución.
Para Melero, hasta que Fiscalía interpone querella, todos los interlocutores consideraron que estaban ante un acto político, y el hecho de que se dé instrucción de presentarla desde la Fiscalía General del Estado "no es pacífico y amable; acaba generando la dimisión del fiscal general", lo que para él supuso una situación extraña y triste.