Una enmienda del Ejecutivo popular prohibirá la realización de análisis de alimentos sin comunicar estos a los directamente implicados, es decir a los fabricantes.
Estos podrían , con la nueva normativa propuesta, contranálisis y alargar hasta lo imposible la publicación de los resultados de las populares comparativas, que la OCU realiza desde el año 1980.
La OCU ha defendido el derecho de los consumidores a estar informados de forma "veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado", un derecho del que gozan todos los ciudadanos europeos, según la organización.
FACUA, por su parte, también ha condenado la enmienda popular a la que ha definido como "ley mordaza", creada por el Gobierno "para impedir que se destapen fraudes alimentarios".
La organización de consumidores y usuarios asegura en un comunicado publicado en su web que la medida "es inconstitucional" y que detrás de ella están las presiones del lobby de la gran industria de la alimentación.
FACUA advierte que con la enmienda del PP, se prohibiría la difusión de estudios y análisis comparativos de productos alimenticios si no cumplen unos requisitos que resultan totalmente desproporcionados, aunque hayan sido elaborados con total rigurosidad.