La Sección Segunda de la Audiencia también da a los tres condenados cinco días para que acrediten haber presentado ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto, algo que ya ha hecho Vicenç Gavaldà y los otros dos ya han anunciado, detalla el auto judicial.
El mismo tribunal había justificado en la sentencia su decisión de enviar a los tres condenados a prisión basándose en que es "hasta obsceno" en el contexto actual --de paro, crisis económica y casos abiertos de corrupción-- que eviten la cárcel por tener penas inferiores a los dos, que es lo que suele suceder si no tienen antecedentes como en este caso.
Ahora, la Audiencia de Barcelona rechaza los argumentos de las defensas que fundamentaban su petición en la nula peligrosidad de los condenados, en que son personas absolutamente reinsertadas en la sociedad y poniendo en duda que se les pueda obligar a entrar en prisión por una cuestión ejemplarizante y de prevención dado el contexto actual.
Pese al loable esfuerzo argumental que han hecho las defensas según dice literalmente la Sección Segunda, ésta se ratifica en su sentencia y asegura que los abogados "no han conseguido deslegitimar el hecho de que en el momento de la ejecución de la pena se tuviese en cuenta el fin de la prevención general de la misma".
Sentencia ejemplarizante
Se ratifica por tanto en lo que había expuesto en la sentencia: que Pallerols, el exsecretario de organización de UDC Vicenç Gavaldà, y su hermano Lluis Gavalá entren en prisión "para intimidar a todos aquellos ciudadanos/políticos que pudieran sentirse tentados a realizar conductas" similares.
En el caso concreto de Lluis Gavaldà, la Audiencia también ha rechazado el argumento esgrimido por su defensa de que padece una enfermedad grave y explica que este sí podrá utilizarlo si lo considera oportuno a la hora de justificar la petición de indulto al Gobierno.
Un acuerdo 'in extremis' entre las partes a principios de año evitó la celebración del juicio y, con el mismo, el fiscal rebajó la petición de cárcel para los condenados a menos de dos años en base a tres motivos: reparación del daño (al haber abonado lo defraudado), dilaciones indebidas (el fraude se produjo de 1994 a 1999) y reconocimiento de que habían desviado fondos europeos para la formación de parados a través de las academias del empresario.
Este pacto --parecía indicar que los acusados se librarían de la prisión por tener penas inferiores a dos años de cárcel--, también estableció que UDC y cuatro acusados --Pallerols, los hermanos Gavaldà y el entonces militante del partido democristiano Santiago Vallvé-- devolviesen conjuntamente 388.483 euros (más intereses) después de demostrarse que se habían beneficiado como mínimo de esta cantidad.