El director general de la entidad, Antonio Fernández, ha señalado a Europa Press que "no hay razón para la alarma entre los consumidores" porque se trata de un coste que soporta el vendedor del dispositivo, tal y como ocurre en otros países europeos.
Fernández ha celebrado esta sentencia porque "da la razón" a las entidades de gestión, que son las iniciadoras del procedimiento, y ha señalado que era "esperada" tras la sentencia del Tribunal Europeo, que "marcó el camino" que ahora ha ratificado el Supremo y que "obliga al Gobierno a reformular la Ley de Propiedad Intelectual en el apartado de copia privada.
En este sentido, ha afirmado que ADEPI ofrecerá la "máxima colaboración" al Ejecutivo para no crear "problemas innecesarios" y propondrá "volver al sistema vigente hasta 2012", que establecía un canon digital, por el cual las entidades de gestión de derechos de autor recaudaban una serie de cantidades por los aparatos tecnológicos que compraban los ciudadanos.
A su juicio, es "el sistema más efectivo y de mayor funcionamiento, que no provoca ligitiosidad" y que aplican otros países del entorno. En este sentido, ha agregado que ahora mismo hay un borrador de directiva en discusión entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento, con el que se ha decidido no abordar una reforma para actualizar el modelo de copia privada porque "cubre las expectativas".
ADEPI está integrada por la Asociación de gestión de derechos intelectuales (AGEDI), Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España (AIE), Artistas intérpretes sociedad de gestión (AISGE), el Centro español de derechos reprográficos (CEDRO), Derechos de autor de medios audiovisuales (DAMA), Entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales (EGEDA), Sociedad general de autores y editores (SGAE) y Visual entidad de gestión de artistas plásticos (VEGAP).