La Ley de Economía Sostenible pretende cambiar el modelo de crecimiento, y para ello se necesita más dinero. Sin embargo, el Gobierno quiere evitar que esto deteriore más las cuentas públicas. La idea que se está estudiando consistiría en un incremento de los impuestos en los combustibles a medio plazo.
La tributación de hidrocarburos aumentaría un céntimo por litro de gasolina o gasóleo si prosperase el plan. Se trataría de una subida "finalista", cuya recaudación se destinaría a financiar proyectos de I+D+i.
El Ejecutivo pretende impulsar las energías renovables con esa medida, con el principio de penalizar la contaminación.
En segundo lugar, se aprobará un fondo de 20.000 millones de euros para financiar proyectos de innovación de los que el Estado pagará 10.000 millones vía ICO y reclamará otros 10.000 millones al sector privado.
La intención del gobierno es incluir, además, compromisos en forma de ley en la lucha contra el cambio climático: convertirá en ley los compromisos conocidos como 20 20 (reduciendo las emisiones de CO2 y aumentando el volumen de las energías renovables hasta un 20% del total).
Como tercer bloque del nuevo texto legal, se pretende cerrar un compromiso de sostenibilidad financiera a largo plazo con las Administraciones Públicas Regionales y Locales para que saneen sus cuentas y se comprometan a mantener un equilibrio presupuestario.