"El objetivo de los trabajos descritos es la ratificación de la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el consejo de administración, así como de los estados financieros de la compañía y la eliminación de las dudas sobre la valoración de los activos que se han puesto de manifiesto", ha señalado este miércoles la compañía a la CNMV.
Por ello, el consejo de administración ha reiterado su mensaje de tranquilidad y confianza tanto a sus inversores como a todos los interesados.
La negociación de las acciones de la compañía está suspendida desde el pasado 13 de septiembre, tras haber recibido el supervisor un escrito de la Audiencia Nacional en el que se informaba de una investigación a la compañía y a su presidente por una querella de la Fiscalía Anticorrupción que apuntaba a un "presunto delito de estafa".
Urbas Grupo Financiero ha manifestado su "disconformidad" con el proceso judicial abierto contra la compañía y ha defendido la legalidad de la ampliación de capital realizada en 2015 por la que se la investiga.
Concretamente, la investigación se realiza sobre una ampliación de capital social acordada por la junta general de la compañía en julio de 2015, cuyas acciones todavía no han salido a cotización. Se trata de 30.759 millones de títulos ordinarios, de 0,01 euros de valor nominal, por un importe total de 307,59 millones de euros, con una prima de emisión total de 76 millones de euros.
Así, el importe total de la emisión fue de 384 millones de euros, mediante aportación no dineraria del 100% del capital social de la compañía Aldira Inversiones Inmobiliarias. Más de dos años después, estas acciones aún están pendientes de admisión a cotización.