La iniciativa, llevada a la Cámara Baja por el PSOE, insta al Gobierno a "reforzar el principio de solidaridad del sistema público de pensiones" y que se asegure que no se considere como unidad económica" los citados supuestos.
Concretamente, el texto aprobado por el Congreso cita a "familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores". Asimismo, pide revisar los expedientes en los que se hubiera extinguido la pensión no contributiva por esa consideración.