En una nota, UGT advierte sobre el impacto que la negociación salarial puede tener en empresas y sectores con clientes entre las administraciones públicas, ya que "podría suponer una injerencia en el ámbito de la negociación colectiva, al imponerse un parámetro externo, como son los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en las negociaciones".
El sindicato critica que "parece que para el Gobierno solo las reformas estructurales que deterioran el nivel de vida de la población mediante el empobrecimiento de sus rentas, permiten competir y alcanzar un crecimiento sostenible".
En este sentido, subraya que para la organización sindical es una "prioridad" mejorar la capacidad adquisitiva de las rentas de los trabajadores y de las pensiones, así como su poder de compra.
A este respecto, defiende que los precios, a pesar de ser determinantes en las ganancias o pérdidas e competitividad, no son los únicos factores que impulsan la competitividad, sino que hay otros que definen la posición de las empresas o de las economías, como el I+D+i y conocimiento, recursos "olvidados" en las políticas del Gobierno, que a su parecer "ignoran el cambio de modelo productivo que necesita la economía".
APELA A LA RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES
El sindicato defiende que el Índice de Precios al Consumo (IPC) "no es el principal problema de la economía española" y considera que eliminarlo o crear nuevos índices de referencia "no arreglará nada".
En su opinión, el papel que juega el IPC para actualizar las rentas "no es casual" y está "justificado" en la medida que permite no perder capacidad de compra a los agentes económicos.
En este sentido, sostiene que para lograr una moderación de precios es necesario que haya "responsabilidad" por parte de las administraciones públicas a la hora de tomar decisiones sobre la política presupuestaria y la determinación de precios públicos y tasas, así como por parte de las empresas en la determinación del precio de sus productos.