UGT denuncia que el PP facilita a empresas con poco respeto a derechos laborales acceder a contratos públicos

Por ello, UGT pide en una nota la unidad de las fuerzas progresistas del Congreso para impedir que prosperen, impidan este "nuevo impulso a la desregulación de las relaciones laborales" y que prioricen la aplicación de condiciones pactadas en convenio colectivo sectoriales.

El proyecto de ley de Contratos del Sector Público se presentó a principios de año por decisión del Gobierno y se trata de "una ley complicada y densa que, pese a no ser muy conocida, contiene una parte muy importante del porcentaje del Presupuesto con que cuentan las Administraciones Públicas es gestionada a través de contratos públicos".

Además, UGT señala que en los últimos años se ha incrementado la utilización de fórmulas de gestión privada, hasta alcanzar aproximadamente el 18% del PIB, por lo que tiene una "gran trascendencia" en el empleo, público y privado, así como en la calidad de los servicios públicos.

De igual forma, el sindicato denuncia que durante su tramitación, el Partido Popular ha limitado su participación, hasta conseguir sacarlo del debate en el Congreso, dirigiéndolo a una Comisión de Hacienda y Función Pública.

UGT planteó varias observaciones que pasaban por resaltar lo que recogen las directivas europeas relacionadas con esta materia, de modo que los poderes adjudicadores no tengan la facultad de utilizar solamente el precio o el coste económico como único criterio de concesión y, por otro lado, que se valoren en la relación calidad precio, tantos aspectos cualitativos como se considere en función de situación social y medioambiental.

Sin embargo, el Partido Popular diseñó un proyecto de Ley que "trasponía exclusivamente los aspectos que le interesaban, en especial reforzando la unidad empresarial de negociación colectiva", según UGT, que explica que en el Senado "ha vuelto a facilitar que las empresas con menos respeto hacia los derechos de los trabajadores, accedan a los pliegos de condiciones de la Administración Pública, ya que insiste en que el convenio de aplicación es el de la empresa, obviando las garantías negociadas en el convenio sectorial".

Según la organización sindical, los pliegos de condiciones se dirigen a cualquier ámbito, también en servicios públicos esenciales que han sido objeto de privatización progresiva en los últimos años.