Los negociadores de la Eurocámara y del Consejo de la UE - la institución comunitaria que representa a los países - han cerrado un acuerdo preliminar sobre las cuestiones agrícolas incluidas en el llamado 'reglamento Ómnibus', que reforma la normativa financiera que gobierna la implementación del presupuesto de la UE y otros 15 actos legislativos comunitarios.
En el caso concreto de la agricultura, esta reforma incide sobre los cuatro reglamentos que componen la PAC (los pagos directos, el desarrollo rural, la organización común de mercados y la regulación horizontal) con el objetivo de simplificar estas normas.
Dentro de estos cambios, las instituciones del bloque comunitario han acordado incluir a los pastos mediterráneos dentro de la definición de pastos permanentes, algo que ha reivindicado en Bruselas en varias ocasiones la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina.
La eurodiputada del PP Esther Herranz también ha celebrado esta decisión y ha destacado que el cálculo de las ayudas a los pastos mediterráneos "se encontraba distorsionado por la definición en vigor", que a su juicio se ajusta más a los pastos de las regiones del norte de Europa.
Además, el acuerdo incluye una mayor flexibilidad para definir la figura de agricultor activo. Esto significa que a partir de 2018 los países de la UE podrán relajar los requisitos para que una sea considerada como tal y pueda recibir ayudas de la PAC. No obstante, Tejerina ha asegurado que España seguirá aplicando los criterios actuales.
Por otro lado, los Estados miembros podrán incrementar las subvenciones adicionales a los jóvenes agricultores hasta el 50% desde el 25% actual con respecto al pago básico, aunque dentro del mismo rango de primeras hectáreas (de 25 a 90).
El acuerdo también incluye la introducción de un instrumento específico de estabilización de renta con el que se calcularán las pérdidas ocasionadas durante una crisis en un tipo concreto de producción y podrán ser compensadas incluso su otras producciones no han sufrido los mismos efectos.
En este sentido, se elevan al 70% (desde el 65% actual) las compensaciones que podrán recibir los agricultores que han perdido más del 20% de la producción anual. Hasta ahora el nivel mínimo de pérdidas se establecía en el 30%.
Por último, la reforma concede a los países la posibilidad de conceder ayudas vinculadas a la producción a los sectores en dificultades que tenga una importancia notable por razones económicas, sociales o medio ambientales.