La directiva establece normas comunes para incrementar la protección del dinero de los contribuyentes y garantizar un marco de igualdad y unas investigaciones y enjuiciamientos mejorados en el bloque comunitario.
El objetivo de las nuevas normas es disuadir las actividades fraudulentas, mejorar la persecución de delitos contra el presupuesto comunitario, imponer sanciones y facilitar la recuperación de los fondos europeos que han sido malversados.
Para ello, la normativa establece definiciones comunes para una serie de delitos contra el presupuesto de la UE, incluidos los casos de fraude y otros crímenes relacionados como la corrupción activa y pasiva, la apropiación indebida o el blanqueo de capitales.
Además, el principio de acuerdo alcanzado ente el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, los casos de fraude de IVA que superen los 10 millones de euros serán incluidos en el ámbito de esta directiva.
La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourova, ha dado la bienvenida al acuerdo y ha señalado que se trata de un "gran éxito" y una "importante condición previa" para aprobar la creación de una Fiscalía Europea. "Esto nos ayudará a proteger mejor el dinero de los contribuyentes", ha añadido.
Este acuerdo debe ser aprobado ahora formalmente tanto por los Estados miembros como por la Eurocámara a principios de 2017.