El Pleno de la Sala Primera de lo Civil ha dictaminado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) debe ser asumido por el cliente.
En cambio, el timbre de los documentos notariales, el impuesto corresponde a la matriz, se abonará "por partes iguales" entre el prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.
Es decir, sólo se obliga a compartir entre banco y prestatario los gastos menores. El Supremo solo ha avanzado el sentido de su fallo y el texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.
El ITP y AJD es un impuesto autonómico, que varía en función de cada comunidad autónoma, y que representa el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formalice la hipoteca. El pago de este impuesto se sitúa de media entre los 3.000 y 4.000 euros.