UGT ha lamentado que el Gobierno "ha echado por tierra" el "clima de diálogo, consenso, trabajo y acuerdos en materia de formación" conformado durante los últimos años al tomar la administración medidas "unilateralmente, sin contar con los interlocutores sociales, lo que irá en detrimento de la calidad de los proyectos y los planes de formación que se presenten".
El secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, ha destacado que desaparecerá el proceso de control y evaluación de los agentes sociales, lo que "impedirá que haya una vigilancia y seguimiento de que este tipo de ayudas con carácter social se usen para el fin para el que fueron concebidas".
Pacheco ha señalado que su organización recurrirá a esta decisión y emprenderá "las acciones legales oportunas" contra una decisión que considera ilegal.
También Comisiones Obreras ha apelado a la ilegalidad de la exclusión de los interlocutores sociales del órgano de control y ha recordado que los interlocutores sociales ni siquiera tienen capacidad para modificar ninguna propuesta y ha acusado al Gobierno de intentar "que no haya testigos, controles, ni seguimiento real de la formación para el empleo que se financia con la cuota de trabajadores y empresas".
Además, CCOO ha explicado que la introducción unilateral de modificaciones "desvirtúa por completo el espíritu del texto original y deja patente el desprecio del Gobierno del PP al diálogo social".
Por otra parte, el sindicato ha hecho balance de la gestión del Gobierno en cuanto a Formación Profesional para el Empleo, a la cual ha calificado de "fracaso", ya que año y medio después de la reforma aprobada en marzo de 2015, "medidas estrella como la cuenta formación, el cheque formación o el permiso retribuido de veinte horas anuales de formación han quedado en nada".