Según ha informado a Europa Press Mutua Madrileña, la póliza de responsabilidad civil que tiene contratada la Generalitat para sus empleados no cubre esta situación.
El Tribunal de Cuentas impuso una fianza solidaria de 5,25 millones de euros Mas; a los entonces consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, y varios funcionarios del Govern, con el objetivo de garantizar el reintegro a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados.
Como presidente de la Generalitat en aquellos días, Mas es considerado por el Tribunal de Cuentas el máximo responsable y deberá asumir en primera persona los 5.251.948,17 de la fianza si los demás denunciados, entendidos como subordinados, no aportan lo que les corresponde.
Mas tiene de plazo hasta la semana del 18 de octubre para depositar la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas por la utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.