"En julio de 2014 España solicitó el único rescate que le ofrecieron, un rescate bancario de 100.000 millones de euros, a cambio de un programa monitorizado por la Comisión, el BCE y el FMI”, ha dicho Rato en su comparecencia en la Comisión del Congreso sobre la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros.
También ha arremetido contra el ministro de Economía, Luis de Guindos. Ha asegurado que el ministro encargó a "los principales competidores de Bankia" la previsión de las provisiones que podría necesitar la entidad que presidía, antes de su nacionalización, y que estos mismos bancos fueron "los grandes receptores de los depósitos que salieron" tras su rescate.
Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Rato ha añadido que el Banco de España fue excluido de estos encuentros, y ha llegado a decir que, en realidad, se le ocultaron.
Durante su comparecencia, el exministro ha lamentado que, tras su mandato, se abandonara el consenso político para elegir la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a pesar de los acuerdos alcanzados con el PSOE anteriormente para "evitar la politización de la cúpula" del organismo supervisor.
"Un consenso que, lamentablemente, se abandonó en siguientes legislaturas, junto con la aplicación de las provisiones contracíclicas, que también se abandonaron", ha aseverado. Estas provisiones --ha recordado que el sector financiero español las usó de forma "pionera" durante su mandato-- cayeron de forma "intensa" durante los años 2005 y 2006, ya con el PSOE en el Gobierno, según datos del Banco de España esgrimidos por Rato.
En este sentido, ha subrayado que, según el propio Banco de España, "se comprueba la explosión de crédito a partir de 2004", ya que si bien la relación de crédito con PIB "no superó el 120% hasta 2003", este indicador "se elevó hasta el 210% en años posteriores".
"Político delincuente"
En la comisión del Congreso se han vivido momentos de tensión cuando la diputada de ERC, Esther Capella, lo ha llamado “político delincuente, que se ha servido del poder político para sus intereses propios y de sus amigos (…) dejando por el camino a centenares de personas desahuciadas, en el paro, algunos suicidios”.
Muy molesto, el exminsitro condenado por la Audiencia Nacional por el uso fraudulento de las tarjetas black, se ha defendido: “Yo no soy un político delincuente, no se lo puedo consentir. A mí me acusan de unas remuneraciones no legales, que yo sostengo que eran legales pero yo no era político. Fui político 30 años y nadie me ha acusado de nada”.