En su discurso de investidura, Rajoy se comprometió a impulsar al diálogo social y a convocar "de inmediato" a los interlocutores sociales para analizar la situación económica y social y abordar medidas que contribuyan a crear empleo de mejor calidad, mejorar la asistencia de los parados de larga duración, ampliar el Plan de Garantía Juvenil y asegurar la sostenibilidad de las pensiones a través del Pacto de Toledo, entre otras cuestiones.
Precisamente para abordar el futuro de las pensiones ayer arrancaron los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados con la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien planteó algunas medidas para aliviar los ingresos de la Seguridad Social, como convertir las reducciones y tarifas planas de cotización en bonificaciones y financiar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad.
El Gobierno, a través de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado que Rajoy acudirá a este encuentro con una "agenda abierta", sin un orden del día preconcebido y dispuesto a escuchar todas las propuestas que se pongan sobre la mesa.
Además de las pensiones, que será de los temas 'estrella' de esta legislatura, Gobierno y agentes sociales abordarán otras materias relacionadas con el mercado laboral y la protección social.
Los sindicatos quieren que el Ejecutivo suba el salario mínimo interprofesional (SMI) y que establezca una prestación de ingresos mínimos destinada a garantizar unas condiciones básicas para atender las necesidades esenciales de las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí o para los familiares a su cargo.
Se trataría, explican CC.OO. y UGT, de establecer un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social y financiado vía Presupuestos Generales del Estado que permita a sus beneficiarios tener una cuantía de 426 euros mensuales, a aumentar en función del número de componentes de la unidad familiar.
También es probable que en el debate entre Rajoy y los líderes sindicales 'se cuele' la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo que insta a España a equiparar las indemnizaciones de los trabajadores temporales e interinos con las de los trabajadores indefinidos.
El Gobierno y los agentes sociales han constituido un grupo de expertos para analizar el encaje de esta sentencia en el ordenamiento jurídico español. A partir de las sugerencias realizadas por estos expertos se tomarán las decisiones que se consideren oportunas para cumplir con el fallo.