El Gobierno ha anunciado que España responderá a la expropiación de YPF anunciada por Argentina con "medidas contundentes" que se darán a conocer en los próximos días ya que, según ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, "no es el momento para el arrebato llevado por la indignación".
Por lo pronto, Margallo ha vuelto a convocar para mañana al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, para abordar la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de enviar al Congreso una Ley para nacionalizar el 51% de la filial de Repsol. García-Margallo y el titular de Industria y Energía, José Manuel Soria, han comparecido en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para valorar una decisión del Ejecutivo de Cristina Kirchner que han calificado de "arbitraria, extravagante y sin precedentes entre unos países con unas relaciones tan antiguas como España y Argentina".
La comparecencia de los ministros se ha producido tras la reunión de urgencia que han mantenido en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En dicha comparecencia, Margallo ha manifestado en tono solemne y a modo de resumen, que la decisión del país sudamericano es "una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica entre los países amigos".
José Manuel Soria, encargado de las negociaciones directas en las últimas semanas con el Gobierno de Kirchner, ha asegurado que se ha roto un acuerdo verbal suscrito el pasado 28 de febrero. "Es una decisión hostil contra Repsol y por tanto contra España, y el Gobierno de España actuará en consecuencia", ha explicado el titular de Industria, que ha añadido que "trabaja desde esta tarde en medidas que serán dadas a conocer a lo largo de los próximos días".
Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press este lunes han asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja para responder a Argentina con medidas que afectarán previsiblemente al volumen de importaciones desde Argentina.
De esta forma, los ministros han explicado que la decisión "conjunta" que tome el Gobierno de Mariano Rajoy para responder a Argentina se llevará a cabo sabiendo que hay otras empresas en el sector financiero, de las telecomunicaciones y energético que tienen intereses e inversiones en el país sudamericano. "Esperemos que este clarísimo gesto de hostilidad hacia una empresa española no sea el principio de una escalada que solo contribuiría a agravar más una situación ya gravísima", ha reconocido Soria.
"Cualquier temor es fundado"
Margallo ha reconocido que no recuerda un precedente de estas características en su "larga experiencia" en la política exterior y ha censurado a Argentina al entender que la expropiación de YPF es una "medida extravagante" que se ha llevado a cabo con "manu militari".
A continuación, el titular de Exteriores ha acusado a Argentina de perjudicar a miles de accionistas e inversores independientes y ha recordado que el 32% de los casos de conflicto llevados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) "corresponden al actual Gobierno de Argentina". "Cuando se rompen las reglas del diálogo y la negociación cualquier temor es fundado", ha enfatizado.
Soria también ha detallado la cronología de las últimas semanas en relación a la expropiación de YPF desde que en la cumbre bilateral entre España y Polonia, el pasado 12 de abril, España supiera de la "inminente" decisión del Gobierno de Kirchner.
El titular de Industria ha justificado sus declaraciones posteriores de que el conflicto se estaba encauzando a tenor de lo que le habían expuesto las autoridades del país sudamericano para solucionar "cualquier diferencia" por la vía del diálogo. "Solo 36 horas después hemos visto que la decisión era otra", ha lamentado Soria, que ha reiterado que "habrá consecuencias y que se van a traducir a lo largo de los próximas días".
El PSOE ofrece todo su apoyo
Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha conversado este lunes por la tarde con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para mostrarle "todo el apoyo" del PSOE tras la decisión del Gobierno argentino de expropiar el 51% de las acciones de YPF, la filial argentina de Repsol, han informado a Europa Press fuentes de la dirección socialista.
Las citadas fuentes han explicado que el PSOE está a la espera de conocer las decisiones que tome el Gobierno de Mariano Rajoy al respecto.
En este sentido, el partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba ha reiterado que "respaldará al Gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas".
IU no comparte el apoyo a la petrolera
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha instado al Gobierno a "defender política y legalmente los intereses de Repsol YPF hasta donde haga falta", y le ha brindado todo su apoyo. "La decisión de la presidenta argentina de expropiar el 51% de YPF es arbitraria, ilegal y discriminatoria", según Duran.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha expresado su preocupación por la decisión unilateral de Argentina y ha señalado que "no es serio" que un país adopte de modo unilateral una decisión como ésta, que genera una "gran inseguridad jurídica" porque siente "un precedente" que causa inquietud en las empresas ante futuras inversiones.
La portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha asegurado que la expropiación de YPF crea inseguridad jurídica y ha emplazado al Gobierno del PP a reaccionar implicando en ello tanto a la Unión Europea como al resto de países de Mercosur.
Izquierda Unida considera que la expropiación de YPF no es un "ataque a España" pues Repsol es una entidad privada "de distintas nacionalidades" y cree "una vergüenza" que el Gobierno español haya salido en defensa de la compañía petrolera.
El portavoz económico de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y diputado de IU por Málaga, Alberto Garzón, ha señalado que "Repsol no es técnicamente una empresa española", pues más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero, y además "proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios", ya que en nuestro país declara el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo.