Además, Ciudadanos, PNV y Foro Asturias han avanzado su apoyo a esta iniciativa, que tampoco encontrará el rechazo ni de Unidos Podemos, PDeCAT ni Compromís, aunque estos grupos han criticado por diferentes razones dicha proposición no de ley.
Así, Unidos Podemos ha acusado al PP de otorgar valor a entidades cuya actividad "bordea la legalidad" y realizan prácticas usureras, mientras que el PDeCAT se ha sorprendido por la razón por la que, tras ocho meses desde su presentación, en el Gobierno no hayan hecho nada contra este tipo de actividades.
CRÉDITOS RÁPIDOS, FÁCILES, PERO SIN INFORMACIÓN.
En su intervención, la 'popular' Susana López Ares ha esgrimido la necesidad de proteger a los consumidores de estos créditos rápidos, otorgadas por entidades no supervisadas, y donde en ocasiones se registran intereses abusivos, que pueden llegar a alcanzar más de un 1.000% de la cantidad concedida o incluso millones por cien.
Apoyándose en denuncias de asociaciones de consumidores, la portavoz de Hacienda del PP en el Congreso ha criticado la falta de información y transparencia que rodean estas operaciones, pues no se proporcionan datos sobre la duración, el importe a pagar, las consecuencias del impago o datos de la entidad crediticia.
"La ausencia de un marco regulatorio deja al consumidor en situación de desprotección", ha aseverado, argumentando que este interés "notablemente superior y manifiestamente desproporcionado" supone un motivo suficiente "para estimar que ha sido aceptado por situación angustiosa o inexperiencia". "No hay dudas de que el prestatario acepta condiciones a causa de la situación angustiosa"
Javier Lasarte, portavoz presupuestario del PSOE, ha recalcado que la ley por la que se regulan estas situaciones de usura, la 'Ley Azcárate', se remonta a más de cien años, pero que no especifica ningún tipo máximo, pese a que el Tribunal Supremo fijó como "leonino" un interés del 124,6%.
El diputado socialista ha destacado que son susceptibles de recurrir a estos créditos "las personas más vulnerables", y que "movidas por la desesperación", pueden incluso llegar "al suicidio" ante la imposibilidad de hacer frente a sus pagos.
LIBERTAD DE EMPRESA, PERO MISMA SUPERVISIÓN Y TRIBUTACIÓN.
Por parte de Ciudadanos, Francisco de la Torre ha celebrado la defensa del consumidor de productos financieros, recordando el pacto de investidura en el que se establecía la creación de una autoridad independiente con este fin --"A ver si conseguimos que el Ministerio de Economía le parezca bien", ha dicho-- y ha animado a enmendar el proyecto de ley de crédito hipotecario en este sentido.
En todo caso, ha criticado que el PP aludiera a "la libertad de empresa para conceder créditos" cuando la misma actividad no cuenta con la misma supervisión, y ha señalado que muchas de estas empresas operan desde paraísos fiscales, por lo que tampoco tributan en igualdad de condiciones.
Criticando que no se hubieran adoptado medidas hasta ahora, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha denunciado "la fuerte presencia publicitaria en los medios de comunicación" de este tipo de empresas crediticias, mientras que el Parlamento Europeo, antes de la crisis, recomendaba el fortalecimiento de la protección al consumidor.
EL TRIBUNAL SUPREMO NIEGA SU LEGALIDAD, ESGRIME PODEMOS
A través de su portavoz de Economía, Alberto Montero, Unidos Podemos ha lamentado que el PP "yerre en su diagnóstico" al valorar estas entidades "diciendo que ofrecen un servicio útil", pues el propio Tribunal Supremo, ha dicho, "cuestiona la existencia de esas entidades" al decir que no evalúan los riesgos y exigen "intereses usurarios".
Asimismo, ha abogado por que estas entidades estén supervisadas y que a los ciudadanos que se ven abocados a recurrir a sus servicios, se les ofrezcan ayudas o avales financieros públicos, recordando que desde el rescate bancario se han otorgado ayudas y avales públicos al sector financiero por más de 122.000 millones de euros.
"Igual es momento para que la banca no necesite estos avales y lo necesite la gente en situación de exclusión financiera", ha espetado, para concluir aseverando que "los ciudadanos son mejor pagadores en este país".
Igualmente, el portavoz fiscal del PDeCAT, Ferran Bel Accensi ha tildado de "escandalosos" los ejemplos ofrecidos por la diputada 'popular', si bien se ha preguntado si en el Ministerio de Economía no los conocen. "Conociendo que gente de buena fe puede caer en estos servicios, han pasado ocho meses sin que el Ministerio nos haya mandado un proyecto de ley. Es difícil de entender", ha dicho.