En concreto, el sector ha mostrado su preocupación, ya que considera que el reglamento establece un sistema de doble sanción, "desproporcionado y discriminatorio" que amenaza, innecesariamente, la actividad de 700 grandes barcos y 10.000 puestos de trabajo.
Concretamente y según Europêche, el nuevo reglamento crea una doble penalidad, ya que el buque y el capitán estarían sujetos, no sólo a las sanciones previstas en los Reglamentos de control 1 e INDNR2, sino que, además, no podrían solicitar una autorización si, durante los 12 meses anteriores, hubieran cometido una infracción grave, lo que se traduce en un año de paralización.
Este hecho, a juicio de Europêche pude "poner en serio riesgo la rentabilidad de empresas" que realizan una actividad pesquera sostenible y socialmente responsable por cometer un solo error.
La patronal recuerda, además, que en la actualidad estos dos reglamentos mencionados anteriormente y cuya finalidad es disuadir la pesca ilegal, ya pueden penalizar severamente a los pescadores y que en caso de las infracciones graves puede dar lugar a la inmovilización del buque, la suspensión temporal de autorización de pesca o incluso la retirada definitiva de la licencia.
"La UE debe garantizar que todos sus ciudadanos disfruten de los mismos derechos y obligaciones, en lugar de exacerbar las diferencias entre ellos", ha indicado el secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, Javier Garat.