La organización de consumidores no quiere que se retrase la trasposición de esta Directiva, como ocurrió con otras, como la de crédito hipotecario, por la que la Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o la de resolución alternativa de litigios de consumo.
Según ha recordado la organización, la Ley de Servicios de Pago, en caso de robo o pérdida, limita a 150 euros la responsabilidad del titular por el uso fraudulento antes de la comunicación del suceso al banco, un límite que se reducirá a 50 euros a partir de la trasposición de la Directiva.
Por otra parte, OCU ha recordado que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que, en los casos de pagos a distancia con tarjeta, cuando el importe de una compra o de un servicio se hubiese cargado fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular puede exigir la anulación del cargo.