El Ejecutivo comunitario detectó, tras realizar varias auditorías de gastos, varias deficiencias relativas al cumplimiento de la condicionalidad en Cataluña y Canarias. En el primer caso, Bruselas determinó que no se habían llevado a cabo controles sobre el terreno, sino que las autoridades se habían limitado a realizar controles administrativos. Con respecto a Canarias, la Comisión observó que en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, el porcentaje de los controles no realizados en plazo era del 55%, 84%, 92% y 56%, respectivamente.
En su sentencia de este jueves, el Tribunal General de la UE ha desestimado el recurso presentado por España contra esta decisión.
En relación a las deficiencias detectadas en Cataluña, España defendía que la normativa comunitaria permite sustituir los controles sobre el terreno por controles administrativos siempre que el Estado miembro garantizara que su eficacia fuera al menos equivalente. A juicio de la Justicia europea, las autoridades españolas no han explicado por qué la eficacia d ellos controles administrativos que realizó podría considerarse "al menos equivalente".
Además, el tribunal con sede en Luxemburgo añade que la Comisión Europea no violó el principio de proporcionalidad en relación a las correcciones a tanto alzado impuestas, así como ni el derecho de defensa de España ni ha incumplido la obligación de motivación que le incumbe.
En el caso de Canarias, España alegaba que los retrasos estaban plenamente justificados porque se debieron fundamentalmente al gran número de extensiones de control que debieron llevarse a cabo. El TUE ha considerado, sin embargo, que el porcentaje de controles no realizados en el plazo señalado "pone de manifiesto que se trata de un problema estructural".
La sentencia también subraya que el hecho de que los controles no se efectúen en plazo "supone una deficiencia de control fundamental" y resalta que el porcentaje de retrasos superó ampliamente el umbral del 10% a partir del cual Bruselas puede aplicar correcciones financieras.