"Esto supondría prácticamente que las empresas andaluzas y españolas no puedan ir a competir al mercado estadounidense, por lo tanto se daría una situación muy grave", ha dicho.
El consejero ha hecho estas declaraciones a su llegada a la sede el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en Madrid donde va a abordar esta tarde con la ministra del ramo, Isabel García Tejerina y con los representantes de la Interprofesional de la aceituna el tema del arancel que pretende imponer el Ejecutivo del presidente de EEUU, Donald Trump.
Sánchez Haro ha abogado por seguir con un posicionamiento conjunto de la Junta de Andalucía, el Gobierno y la Unión Europea para hacer "un frente común" ante el problema de este arancel que es "una situación injusta a todas luces porque se están cuestionando las ayudas europeas". Sobre esto, ha explicado que el problema de ahora es el cuestionamiento de esas ayudas pero ha defendido que las ayudas que han recibido las empresas andaluzas son "legales y adaptadas al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio".
Por lo tanto, ha insistido en la necesidad de "hacer un frente común" para "demostrar" que esos acuerdos son legales. El consejero ha dicho que hasta el próximo mes de junio no se tendrán novedades sobre la imposición de icho arancel porque la situación actual es "provisional". A esto ha añadido que el siguiente paso es verificar la documentación que se ha enviado para certificar que las ayudas en cuestión cumplían con la legalidad.
Desde Andalucía, el consejero ha dicho que se ha enviado una "cantidad ingente" de documentación y "están trabajando alrededor de 15 funcionarios de alto nivel de la Junta sobre los expedientes que se han solicitado para recabar información sobre las ayudas que se concedieron en marcos anteriores. "Ahora tenemos que verificar esa documentación y a partir de ahí continuará el proceso", ha concluido.
Por otro lado, ha afirmado que el Gobierno estadounidense "se aprovecha de una situación proteccionista" que hace que las empresas de EEUU toman "una posición oportunista". "Lo único que se pretende es tener una ventaja competitiva al establecer aranceles a empresas como las andaluzas y españolas que tienen un posicionamiento del 30 por ciento en el mercado", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que "se va a probar" que las ayudas eran legales.