En declaraciones a los periodistas en Granada, el secretario de Estado de Hacienda ha señalado que son los dirigentes del Gobierno catalán "los responsables de la existencia o no de ese control" para hacer "firmes los acuerdos" de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
Se mantiene, de este modo, un "control reforzado" de todos los pagos que realiza la Generalitat, en virtud de la indicación del Tribunal Constitucional para que "ni un solo euro del presupuesto público se destinara a un proyecto refrendario declarado inconstitucional".
José Enrique Fernández de Moya, que no ha entrado a valorar el escenario que se abriría en el ámbito de las cuentas públicas si se aplicara el artículo 155 de la Constitución, ha recordado también que el Gobierno ha asumido pagos para garantizar, en virtud del sistema de financiación autonómica, para pagar las nóminas de funcionarios, y servicios sociales o de sanidad y educación de Cataluña, entre otras cuestiones.